A LA OPINIÓN PÚBLICA
Ante la promulgación de la ordenanza regional Nº 005-2011 por parte del presidente regional, Mauricio Rodríguez Rodríguez, norma que fuera aprobada días atrás por el Consejo Regional, la Cámara de Comercio y la Producción de Puno muestra su gran preocupación debido a que la medida no tiene ningún sustento técnico – jurídico, tampoco se hizo la evaluación costo beneficio que cualquier norma de esas características debe tener. Por lo tanto, el gremio empresarial de nuestra región altiplánica rechaza dicha medida legal.
Primero.- El colegiado empresarial censura categóricamente el artículo primero de la ordenanza regional que dispone suspender todo tipo de petitorios mineros metálicos en el territorio puneño por tiempo indefinido. Esta disposición contraviene el ordenamiento jurídico nacional respecto a la promoción de la inversión privada, tanto nacional y extranjera en los distintos sectores de la actividad económica, además se contradice totalmente con la Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero, entre otras leyes de carácter nacional.
La estabilidad jurídica es muy importante para el desarrollo de cualquier país, por ello, la Cámara de Comercio de Puno exige al Consejo Regional en pleno y al presidente regional a actuar coherentemente y sin alterar las reglas de juego aplicadas en el país para la inversión minera. La estabilidad jurídica permite a los inversionistas conocer las reglas del juego a las cuales se están sometiendo y tener un cierto grado de certeza que mañana más tarde, no serán sorprendidos con normas que puedan perjudicar sus inversiones (como la citada ordenanza regional).
En tal sentido, solicitamos a la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Energía y Minas (MEM) a actuar conforme a sus funciones y atribuciones para denunciar penalmente (por los delitos que hayan cometido) a los responsables de la dación de tal ordenanza regional, que sin ningún criterio jurídico fue promulgado el último martes del presente mes. También pedimos al Procurador Publico del Distrito Judicial de Puno a actuar con el mismo criterio.
Segundo.- La suspensión de las concesiones mineras perjudicará enormemente a la región de Puno, inicialmente porque desincentivará las inversiones privadas que tanta falta hacen en esta parte del territorio nacional, también porque dejaremos de percibir ingresos producto del canon, regalías mineras, aportes voluntarios y por derecho de vigencia de las compañías extractivas. Lo coherente, en todo caso, es solicitar al Estado peruano mejorar la legislación para la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), impulsar el impuesto a las sobreganancias mineras y otras disposiciones que podrían optimizar el panorama socio-ambiental y los ingresos fiscales.
Tercero.- Solicitamos al Gobierno Central a recuperar el Estado de derecho en la zona sur de la región de Puno, como lo contempla la Constitución debido a que la medida de fuerza viene perjudicando a muchos sectores sociales del altiplano. La carretera binacional Perú – Bolivia sigue bloqueada y ello acarrea millonarias pérdidas económicas, también existe desabastecimiento de los principales productos de pan llevar en los distintos mercados. Las fuerzas del orden ya deben recuperar las principales vías de comunicación para el normal tránsito vehicular y de las personas, esto amparado en la Constitución Política del Estado.
Cuarto.- Una comisión de alto nivel, conformada por funcionarios del gobierno central, gobierno regional, dirigentes sociales del sur y otras instituciones suscribieron un acta, donde se acordó: “Que los representes del Poder Ejecutivo se comprometen a informar al Gobierno Central, la problemática planteada por las autoridades y dirigentes de las provincias de la zona sur de Puno, respecto al cese y cancelación del proyecto minero Santa Ana, de las concesiones mineras y petroleras de la zona sur del Puno, de a derogatoria del D.S. Nº 083-2007, de la protección del cerro Kaphia; y retornar el día jueves 19 del mes en curso, para continuar con la mesa de diálogo instalada”.
Quinto.- Imploramos al diálogo y al buen entendimiento entre los funcionarios de la comisión de alto nivel del Poder Ejecutivo, las autoridades del Gobierno Regional y a los dirigentes y voceros de los pueblos del sur de la región que acatan esta medida de fuerza. ¡No a la violencia!
Puno, 18 de mayo de 2011.
VILMA ENRIQUEZ PALMA
PRESIDENTA
CÁMARA DE COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN DE PUNO
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